Las casas de valores tendrán un periodo de seis meses para adoptar los cambios según el Acuerdo No. 6-2018 del mes de octubre de 2018, según la Superintendencia del Mercado de Valores emitidos en la Gaceta Oficial No. 28644 de 30 de octubre de 2018.

1.        Ámbito de aplicación

 

Es aplicable a las entidades con licencias de casas de valores, administradores de inversión, administradores de fondos de pensiones, jubilaciones y cesantía, y las organizaciones autorreguladas (Bolsa de Valores de Panamá), así como cualquier otra entidad que en el futuro sea regulada y supervisada.

 

  1. Gobierno Corporativo

 

A partir de mayo de 2019 tendrán que incorporar principios de Gobierno corporativo; un conjunto de reglas, procesos, normas éticas y de conducta con el que se dirige una entidad, solidificando su estructura y las relaciones entre accionistas, junta directiva, alta gerencia, colaboradores y grupos de interés.

Según este acuerdo, las juntas directivas deberán estar integradas por personas de reconocida honorabilidad empresarial o profesional, al menos dos de sus integrantes deberán tener conocimientos y experiencia mínima de dos años en el sector financiero.

Asimismo, podrán tener un director independiente que no será propietario de más del 5% de las acciones emitidas por la entidad, ni pariente cercano de una persona vinculada con la alta gerencia de la compañía en los últimos dos años.

Las juntas directivas tendrán que reunirse una vez cada tres meses, sus directores no podrán exigir o aceptar pagos por sus decisiones, perseguir intereses personales en las oportunidades de negocio de la entidad, ni participar en temas donde pueda existir conflicto de intereses.

 

  1. Comité de Auditoría

 

Un aspecto novedoso es la creación con obligatoriedad de un comité de auditoría, cuya responsabilidad será evaluar el sistema de control interno de la entidad y velar por el cumplimiento de la Ley del Mercado de Valores y demás acuerdos reglamentarios.

Desde 2015 las casas de valores debían tener un comité de ética y cumplimiento, un organismo de apoyo a la junta directiva que tiene entre sus funciones velar por el cumplimiento de las reglas y políticas para la prevención del blanqueo de capitales.

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